Vistos:
Las Resoluciones de la Secretaría de Energía NºS 14/2018 y 20/2018;
La Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240;
El Código Penal Argentino;
La Constitución de la Nación Argentina,
La Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756,
La difícil situación económica producto del ajuste nacional que sufre la población, y
Considerando:
Que la impericia del Gobierno Nacional actual en la política monetaria ha traído como consecuencia la depreciación de nuestra moneda, fenómeno económico que obliga a los funcionarios nacionales a compensar a las empresas energéticas, en este caso más precisamente a las distribuidoras de gas.
Que esta obligación contraída oportunamente por el Gobierno, de compensar a la empresa distribuidora mencionada cuando la devaluación superase el 20% es por menos imprudente, debido a que existen en el comercio internacional la figura del “seguro por devaluación”, medida que pudo haberle exigido a la empresa como garantía.
Que la resolución 20/18 carece de empatía con la actualidad imperante en la comunidad argentina, buscando cubrir con las arcas privadas de cada familia los desequilibrios económicos de las empresas distribuidoras de gas, cuando éstos fueron causados por un mal manejo en materia económica.
Que recientemente aumentó hasta un 35% la tarifa del gas y sumado a esto el Gobierno autorizó a las distribuidoras cobrar un extra para compensar a las empresas por el salto del dólar de los últimos meses.
Que, a través de una Resolución de la Secretaría de Energía, se autorizó a aplicar un incremento desde el I de enero de 2019 que se abonará en 24 cuotas mensuales. Se debe al impacto de la devaluación sobre el gas distribuido entre abril y septiembre. Las distribuidoras tienen una deuda con las petroleras porque estaban pagando el producto a un dólar de $ 20,34 y por contrato debieron hacerlo al tipo de cambio vigente el día antes del pago.
Que la Resolución 20/18 de la Secretaría de Energía que se publicó el viernes 5 de octubre en el Boletín Oficial indica: “Dispónese, en forma transitoria y extraordinaria, que para las diferencias entre el precio del gas previsto en los contratos y el precio de gas reconocido en las tarifas finales de las prestadoras del servicio de distribución, valorizadas por el volumen de gas comprado desde el 1 0 de abril y hasta el 30 de setiembre de 2018, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) instruirá a las prestadoras del servicio de distribución al recupero del crédito a favor de los productores en línea separada en la factura de sus usuarios, en veinticuatro (24) cuotas a partir del 1 0 de enero de 2019″.
Que el aumento del dólar fue la justificación que esgrimió el Presidente de la Nación para autorizar este nuevo aumento tarifario, siendo el objetivo recomponer las pérdidas que sufrieron las compañías por la devaluación.
Que la Resolución 14/18 de la misma Secretaría además eliminó la bonificación para quienes ahorraban gas en comparación con el mismo periodo del año anterior y el pago total del excedente de consumo para los beneficiarios de la tarifa social.
Que la visión de la realidad desde el punto de vista del Gobierno Nacional lejos está de ser la apropiada, en el contexto actual que atraviesa el país en donde las variables de ajustes han afectado intensamente el bolsillo del ciudadano común.
Que con una inflación anualizada que superaría el 40% y con las quitas de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos a los ciudadanos se nos hace cada vez más costoso afrontar el costo de vida.
Que la devaluación de nuestra moneda reduce el poder adquisitivo de la clase asalariada castigando al pueblo y beneficiando a las grandes corporaciones.
Que los salarios no siguen el ritmo proporcionado de los aumentos, que han quedado desfasados con respecto a éstos y que la sociedad ya no puede hacer frente a nuevas imposiciones tributarias que debiliten aún más a sus alicaídos bolsillos.
Que la medida significa otro golpe más contra la gente, sobre todo los que menos tienen. En ese sentido, desde la Defensoría del pueblo de Buenos Aires se anticipó que “Impugnaremos esta decisión ante el Enargas y los organismos que correspondan, pero lamentablemente este Gobierno lo único que hace es profundizar la crisis en el bolsillo de la gente, especialmente en los sectores más vulnerables”; “El gobierno de Mauricio Macri quiere que su impericia y la crisis que generaron la pague la gente. Esta decisión de favorecer y permitir a las empresas que trasladen el costo de la devaluación a los usuarios confirma que sólo trabajan para los concesionarias de servicios públicos y nunca para los ciudadanos”, indicó el Defensor del Pueblo Guido Lorenzino.
Que ya se presentaron acciones de amparo colectivo contra el cargo extra e irracional en la tarifa de gas ordenado por el Gobierno Nacional como lo hicieron el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) y el Intendente de San Martin Gabriel Katopodis, donde se denuncia la inconstitucionalidad de la medida y se solicita la nulidad de la misma.
Que los Senadores Nacionales Cristina Fernandez de Kirchner, Nancy Gonzalez, Maria de los Angeles Sacnun, Silvina Larraburu, Ana Maria lanni, Maria Ines Vergara, Marcelo Fuentes, Ana Claudia Almiron y Anabel Fernandez Sagasti, presentaron un Proyecto de Ley solicitando la derogación de la Resolución 20/2018 dictada por la Secretaría de Gobierno de Energía.
Que el Diputado Nacional Agustin Rossi junto a sus pares Perez, Masin, Soria, Mercado, Basterra, Carro, Filmus, Cabandié, Correa, Alvarez Rodriguez, Cleri, Ciampini, Salvarezza y Pietragalla Corti también presentaron un Proyecto de Ley solicitando la derogación de la Resolución “que convierte a los usuarios de gas en subsidiarios de las empresas del tarifazo”. En el mismo sentido los Diputados Nacionales Gonzalez Seligra y Del Caño sumaron otra presentación en la Cámara de Diputados.
Que el Fiscal Federal Guillermo F. Marijuan denunció penalmente al Secretario de Gobierno de la Secretaría de la Secretaría de Gobierno de Energía Javier Iguacel por el nuevo aumento del gas. Es por “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público”. Afirma que “los usuarios ya han hecho pagos respecto de esos períodos” y detalló que “uno de los efectos del pago es la cancelación total”; “no puede haber una compensación retroactiva para las distribuidoras”. Y pide una cautelar para frenar la suba. “El Código Penal, en el artículo 248, prohíbe justamente dictar resoluciones contrarias a la ley. Y, como decía, el efecto jurídico del pago es la ley misma, porque está establecido así en el Código Civil”, expresó,
Por todo lo expuesto los concejales del Bloque Justicialista — FP V, elevan para su tratamiento y posterior aprobación el presente proyecto de:
DECLARACIÓN
ARTÍCULO Nº 1: El Concejo Deliberante declara el repudio a la Resolución 20/2018 de la Secretaría de Gobierno de Energía dependiente del Ministerio de Hacienda de la Nación, publicada en el Boletín Oficial con fecha 5 de Octubre del corriente año, que autoriza a las distribuidoras de gas a cobrar en 24 cuotas un monto extra y retroactivo a los usuarios para compensar las pérdidas sufridas por las productoras por las diferencias generadas por la suba del dólar entre el 1 de abril y el 30 de septiembre.
ARTÍCULO Nº 2: De forma
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