Expte. Nº 8.571/24
VISTO:
La Ley Orgánica de Municipalidades N° 2.756,
La movilización masiva del día 2 de octubre de 2.024 en defensa de la Universidad Pública.
El veto del gobierno nacional a la Ley de Financiamiento Universitario, y
CONSIDERANDO:
Que en abril de 2.024 las plazas y calles de todo el país fueron testigos de la voz de miles de
ciudadanos y ciudadanas que se unieron en defensa de la educación pública, las universidades y el sistema
científico de la Argentina.
Que los fondos destinados a los gastos de funcionamiento de las universidades han quedado
desactualizados. Las negociaciones salariales paralizadas y sin avances profundizan la pérdida del poder
adquisitivo de los docentes de las universidades públicas.
Que la falta de financiamiento al sistema científico ha frenado su desarrollo. La paralización de
obras de infraestructura y la desactualización de programas de asistencia afectan a quienes desean
continuar con sus estudios.
Que los salarios de los docentes y trabajadores no docentes de las universidades públicas se
encuentran por debajo de la línea de pobreza, poniendo en peligro la continuidad de los cuadros
académicos, administrativos y de servicios esenciales para el funcionamiento de las instituciones.
Que la demanda por una recomposición salarial que permita sostener la educación pública se
suma a las luchas del conjunto de la clase trabajadora por mejores salarios y condiciones de vida.
Que el impacto del índice de pobreza ha aumentado más del 10% en los primeros seis meses del
año, afectando a casi el 70% de niños y niñas, con un incremento del 13% en el número de jubilados y
jubiladas en situación de pobreza, sumado a los despidos masivos en el sector estatal.
Que defender las condiciones salariales y laborales de docentes y no docentes en este contexto
significa defender condiciones mínimas para una vida digna de quienes tienen la responsabilidad de
formar a las futuras generaciones.
Que la crisis del sistema científico es una de las más profundas. La falta de actualización salarial
para los docentes investigadores, junto con la reducción del financiamiento para becas y programas de
apoyo, afecta gravemente al sistema científico y tecnológico del país.
Que la paralización de las obras de infraestructura y el cese de políticas de financiamiento para la
adquisición de equipamiento y materiales pone en riesgo los proyectos en curso.
Que las universidades no solo forman personal altamente capacitado, sino que también
contribuyen a resolver problemáticas sociales y del sector productivo, promoviendo la innovación a través
de patentes, investigaciones y la formación de futuros investigadores e investigadoras.
Que el ajuste presupuestario ha puesto a la educación pública en situación de emergencia. El
acceso irrestricto a la misma está amenazado por la crisis económica y social, y la permanencia de los
hijos e hijas de familias trabajadoras se ve cada vez más lejana.
Que la excelencia en la formación académica está en riesgo. Cada vez más estudiantes se ven
obligados a trabajar mientras cursan, lo que ha incrementado la deserción debido a la situación
económica, ya que las becas no son suficientes y su reducción asfixia al sistema.
Que la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso de la Nación, representa
un compromiso con el sistema universitario, otorgándole previsibilidad presupuestaria y ofreciendo una
respuesta a la crítica situación salarial.
Que dicha ley resuelve los problemas sin comprometer fiscalmente al Estado, demandando solo
el 0,14% del PBI para su implementación.
Que las movilizaciones del día 2 de octubre de 2.024 en todo el país demostraron de manera
contundente que los argentinos y argentinas defendemos la universidad pública como motor de desarrollo
y pilar de la democracia, una apuesta a futuro para todas las generaciones.
Que el veto a la Ley de Financiamiento Universitario por parte del presidente Javier Milei refleja
el desinterés del gobierno nacional en invertir en educación y ciencia.
Que es fundamental que este Cuerpo se pronuncie en defensa de la Universidad Pública y el
sistema científico argentino.
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones aprueba la siguiente:
DECLARACIÓN Nº 786/2.024
ART.1°) El Concejo Deliberante de Villa Gobernador Gálvez declara su rechazo al veto del Presidente
Sr. Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso de la Nación, la cual
otorga previsibilidad presupuestaria al sistema universitario y científico y garantiza la continuidad del
funcionamiento de las universidades públicas.
ART.2°) Comuníquese, Publíquese y Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 10 de octubre de 2.024.